El derecho a la educación debe ser progresivo y amplio para alcanzar el bienestar y una mejor calidad de vida dentro y fuera de la escuela.
La diputada federal de Morena Blanca Araceli Narro Panameño presentó ante la Comisión Permanente, una Iniciativa para reformar el primer párrafo del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de impulsar la progresividad del derecho a una educación de calidad que ya prevé dicho ordenamiento, adicionando la norma para que la educación sea inclusiva.

El texto propuesto de ser aprobado por el Congreso establecería que: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos, e inclusiva con el fin de garantizar el aprendizaje de las y los estudiantes en igualdad de condiciones…”

La legisladora tamaulipeca comentó a los medios de comunicación que la reforma es necesaria porque brindará certeza jurídica al no dejar lugar a dudas de que el derecho que se pretende reconocer, salvaguardar y garantizar es a la educación de calidad e inclusiva, para que pueda ser ejercido en igualdad de condiciones, y con ello, plasmar claramente los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia, en aras de promover un nuevo paradigma educativo que dé solución a las limitaciones de la educación tradicional, y combata el utilitarismo y la segregación, que desafortunadamente aún están presentes.

Enfatizó, tal y como lo hizo en la exposición de motivos de su propuesta, la necesidad de perfeccionar la Ley, pues dijo: “no es lo mismo el derecho a la educación y a la inclusión que el derecho a la educación inclusiva”.
Narro Panameño considera que, independientemente de lo que ya contempla la Ley General de Educación, es importante establecer la educación inclusiva como derecho en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, porque ésta es la norma principal en la que deben quedar consignados todos los derechos, libertades y prerrogativas inherentes de este grupo, independientemente de su materia.

Finalmente, la legisladora señaló que la educación inclusiva apunta a la igualdad, evita la deserción social y la exclusión social, fomenta la solidaridad y el aprecio a las diferencias, contribuye a reconstruir el tejido social, combate la discriminación y alienta el establecimiento de una nueva cultura en donde las persona humana es resignificada y revalorada, al tiempo que posibilita el bienestar y una mejor calidad de vida dentro y fuera de la escuela, por lo que constituye un paso más en al establecimiento de la justicia social.