Quien más abuse más paga, porque ningún interés económico puede estar por encima de los derechos de las personas.
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El mensaje es claro, tolerancia cero a los abusos, a la corrupción y a las políticas neoliberales en donde todo se puede hacer y todo se deja pasar La Cámara de Diputados aprobó con 446 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Dictamen correspondiente a la Iniciativa de la Diputada morenista Blanca Araceli Narro Panameño, cuyo objeto prohibir en la Ley Federal de Protección al Consumidor, que los proveedores de bienes, productos o servicios, cobren comisiones, montos, cargos adicionales o equivalentes a los consumidores cuando estos utilicen como medio de pago tarjeta de débito, crédito o medio de disposición físico de recursos, determinando que dicha acción se sancionará con una severa multa que va de los 701 pesos a 2millones 243 mil 671.49 pesos.
La diputada morenista durante la discusión de la propuesta señaló desde la Tribuna que, impedir desde la Ley el cobro de comisiones adicionales a las personas consumidoras que utilicen como medio de pago tarjeta de débito o crédito, es un acto de congruencia, porque se está blindando el bolsillo de las y los mexicanos.
Asimismo, enfatizó que imponer una multa a quien viole dicha disposición que puede ir de los 701 pesos a los 2 millones 243 mil 671 pesos, es un acto de justicia social porque se le está cerrando la puerta a los abusos, ya que “quien más abuse más paga”, porque ningún interés económico puede estar por encima de los derechos de las personas. “En esta Cámara de Diputados NO podemos tener ojos ciegos ante una práctica recurrente y abusiva que golpea la economía familiar”, aseveró la legisladora.
Refirió de manera concreta que ese órgano de representación no podía pasar por alto que 800 mil millones de pesos anuales llegan a 30 millones de familias mexicanas en todo el país a través de las tarjetas de débito del Bienestar, que también están permanentemente expuestas al cobro de las comisiones indebidas, y que no podía permitir que los salarios de las y los trabajadores que son pagados por medio de tarjetas de débito se vean mermados por una práctica deshonesta. Agregó, “no podemos echar por la borda los esfuerzos que la presente administración ha realizado en materia de inclusión financiera. No podemos consentir que el crédito al consumo se encarezca, pues las comisiones adicionales y abusivas cobradas a las tarjetas de crédito, además generarán intereses”.
Señaló también que los derechos de las y los consumidores son derechos ciudadanos y, por lo tanto, es deber del Poder Legislativo garantizarlos. “Esta reforma, envía un mensaje claro de tolerancia cero a los abusos, a la corrupción y a las políticas neoliberales en donde todo se puede hacer y todo se deja pasar. Con esta reforma le refrendamos a la ciudadanía nuestro compromiso y responsabilidad, colocándola en el centro del interés legislativo”, finalizó.